Ante la persistencia y masividad del movimiento estudiantil existe un desconcierto generalizado en el Gobierno. Una pregunta relevante a hacerse es: ¿Por qué, pese al transcurso de los meses, el Ejecutivo no ha logrado llegar a acuerdos negociados con los dirigentes estudiantiles?

Posiblemente la respuesta pasa no sólo por la falta de agudeza política del Gobierno ni por la desilusión de los pingüinos de 2006 sino que también, de forma importante, por la conciencia de los dirigentes estudiantiles y de la ciudadanía en general, de las trampas de nuestra institucionalidad. No es únicamente que el Parlamento goce de mala reputación o que el Gobierno busque constantemente estrategias para dividir o solucionar de manera separada el conflicto.

Se trata de que para modificar el sistema educacional se requiere obligar hasta a las minorías parlamentarias a aprobar una reforma que cuenta con un abrumador apoyo ciudadano. Debido a la sagacidad prematura de Jaime Guzmán, que se plasmó en la Constitución del 80, sólo una movilización contundente y perseverante en el tiempo como la actual ha permitido instalar en el horizonte la posibilidad de una cirugía mayor al sistema, no sólo en sus mecanismos e instituciones -como la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, ambas nacidas en el fragor post 2006 y todavía en etapa de implementación- sino en los principios y valores que guían nuestro sistema educacional.

Esto es así porque el sistema binominal promueve ferozmente el statu quo y trivializa la función parlamentaria al desfigurar la representación ciudadana y sobrerrepresentar a las minorías distritales. Junto a esto, están los quórums calificados que terminan obligando a que todas las reformas relevantes requieran una supermayoría para su aprobación; es decir, que se tengan que zanjar incluso con los detractores minoritarios de las reformas. Es lo que en Plan Z, el genial programa satírico del canal Rock& Pop en los 90, le llamaban el “consenso-consensual” de los marcianos demócratas.

Por eso, no da lo mismo en las condiciones en las que se dé el diálogo. Promoverlo sin exigencias sería una irresponsabilidad de los dirigentes estudiantiles.

La “intransigencia” de los dirigentes, por ende, se explica porque las vallas que tienen que saltar para alcanzar una reforma son de una inmensa envergadura. No sólo tienen que lograr la simpatía de la opinión pública al movimiento, que la han alcanzado hace al menos dos meses y que hubiese obligado a una reforma profunda en cualquier democracia del primer mundo, sino que requieren que las minorías con capacidad de veto en el Congreso se comprometan públicamente y de manera creíble a apoyar los puntos centrales de las reformas. Esto es más evidente en la actual circunstancia en la que quienes se oponen a las reformas no están en la trastienda protegida de la oposición, sino que en la vitrina de exhibición como Gobierno.

La exigencia de condiciones para negociar a la autoridad, entonces, es una estrategia inteligente de los dirigentes mientras no se aseguren los aspectos mínimos de una reforma profunda al sistema educacional, que considere un compromiso de fondo con la educación pública del país a nivel básico, secundario y superior. Aunque le moleste a alguna minoría por ahí.

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Publicado originalmente el 17 de octubre de 2011 en sentidos comunes: 

http://www.sentidoscomunes.cl/diario/2011/10/la-supuesta-intransigencia-del-movimiento-estudiantil/